“Es lamentable que el Estado haya abandonado a esos familiares 47 muertos, 12 desaparecidos y cientos de personas lesionadas y el Estado a todos los ha dejado abandonados”, declaró.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de la Verdad advirtieron que podrían llevar a los tribunales internacionales de derechos humanos, el caso de la explosión del 14 de agosto de 2023, en San Cristóbal, ante lo que califican “limbo jurídico” y falta de voluntad de la Procuraduría General, que no les deja otra alternativa.
El presidente del organismo, Manuel María Mercedes, reiteró su denuncia durante una rueda de prensa en la explanada de la entidad de justicia. Citó proposición de diligencias y solicitud de investigación en torno a la explosión en la fábrica Vidal Plast, en el Mercado de San Cristóbal, tragedia que dejó 47 fallecidos, 12 desaparecidos y más de 100 heridos, como lo publica el joven y acucioso periodista Randy Jiménez Batista en el periódico Hoy.
Denunció un limbo jurídico que vulnera el derecho al debido proceso y el acceso a la justicia. Informó que hace cinco meses depositó una instancia con pruebas técnicas y documentales que desmontarían la versión presentada por el Ministerio Público sobre las causas y responsabilidades del siniestro.
“Es lamentable que el Estado haya abandonado a esos familiares 47 muertos, 12 desaparecidos y cientos de personas lesionadas y el Estado a todos los ha dejado abandonados”, declaró.
Mercedes cuestionó el manejo de la escena del siniestro, de donde retiraron más de 1,200 toneladas de escombros en menos de cinco días, lo que pudo implicar la destrucción de pruebas fundamentales y la posible desaparición de restos humanos, que sería una violación a los protocolos internacionales de investigación.
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