La conferencia estuvo encabezada por las panelistas, la doctora Anne Gómez, docente de la Escuela de Derecho de la PUCMM, y la licenciada Daisy Valerio, defensora pública del Departamento Judicial de Santiago y docente de la misma escuela, quienes abordaron el tema desde sus perspectivas profesionales y académicas. Además, este espacio fue moderado por la estudiante Yira Martínez.
Santiago, R.D. – La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a través del Departamento de Estudios Generales y su Área de Historia, realizó la conferencia “Seguridad ciudadana y derecho a la vida: un debate sobre los intercambios de disparos”, un espacio académico orientado a dialogar sobre la seguridad ciudadana, la protección del derecho fundamental a la vida y las implicaciones de los denominados "intercambios de disparos" en el contexto dominicano.
La conferencia estuvo encabezada por las panelistas, la doctora Anne Gómez, docente de la Escuela de Derecho de la PUCMM, y la licenciada Daisy Valerio, defensora pública del Departamento Judicial de Santiago y docente de la misma escuela, quienes abordaron el tema desde sus perspectivas profesionales y académicas. Además, este espacio fue moderado por la estudiante Yira Martínez.
Anne Gómez sostuvo que el Estado dominicano tiene obligaciones nacionales e internacionales de garantizar el respeto a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la dignidad humana, durante las actuaciones de los agentes del orden.
Explicó que el uso de la fuerza debe ser excepcional y estar sujeto a criterios de necesidad, proporcionalidad y precaución, particularmente cuando existe una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. “La violencia no es la forma de combatir la violencia”, expresó Gómez, al considerar que los casos de muertes durante supuestos intercambios de disparos deben investigarse para determinar si la actuación policial estuvo justificada y si se respetó el debido proceso.
La docente advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones puede comprometer la responsabilidad internacional del país y destacó la importancia de fortalecer las instituciones y promover una actuación policial respetuosa de los derechos fundamentales. Durante su intervención, señaló que, según las cifras mencionadas en el encuentro, 43 personas habían perdido la vida en septiembre y 55 en octubre en hechos reportados como intercambios de disparos.
En ese contexto, llamó a reflexionar sobre la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana sin menoscabar los derechos de las personas. “Todos y todas tenemos derechos humanos”, enfatizó, al recordar que el respeto a la dignidad humana debe mantenerse independientemente de las circunstancias o de las acusaciones que pesen sobre un ciudadano.
Mientras que la profesora Daisy Valerio, advirtió que el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales puede generar consecuencias penales, administrativas, civiles e internacionales para el Estado dominicano. Al analizar el caso del joven Santiago Cabrera, conocido como “Lucifer”, fallecido el 13 de octubre de 2026, destacó la necesidad de investigar de manera independiente las actuaciones policiales, especialmente cuando existen videos que podrían contradecir la versión oficial de un intercambio de disparos.
“La versión institucional dada por la Policía no es palabra de Dios, es una versión que debe ser verificada e investigada”, expresó. Valerio explicó que la alteración de la escena del crimen, la destrucción u ocultamiento de evidencias y la falta de una investigación imparcial pueden comprometer la administración de justicia y acarrear responsabilidades para los funcionarios involucrados.
La defensora pública también planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión de la Policía Nacional y establecer una instancia independiente y permanente que investigue los casos en los que ocurran muertes o lesiones durante intervenciones policiales.
En ese sentido, señaló que la aplicación del Protocolo de Minnesota, de las Naciones Unidas, contribuiría a garantizar investigaciones transparentes, preservar las evidencias y evitar posibles interferencias de los agentes involucrados. Asimismo, recordó que el uso legítimo de la fuerza debe responder a criterios de necesidad, proporcionalidad y moderación, y cesar cuando desaparezca la amenaza.
“El Estado tiene que tener límites. Solamente si tiene límites, se convierte en un Estado de derecho”, afirmó, al insistir en que la educación, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos son fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. El encuentro finalizó con un espacio de preguntas sobre el tema planteado, y otras inquietudes generadas durante la conferencia.
