El presidente de la Asociación Nacional de Abogados en Marcha (Asonama), doctor Vanoil de la Cruz Vargas, denunció que en la Fiscalía del Municipio Santo Domingo Este existe una mafia que opera en contubernio con un grupo de supuestos abogados y alguaciles que actúan como una banda de delincuentes.
De la Cruz declaró que ese grupo se dedica a desposeer a ciudadanos de sus propiedades, amparado en realizar allanamientos con secuestro para desalojar de manera ilegal a las personas con el apoyo de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Vargas dijo que esa Fiscalía usa su autoridad otorgando la fuerza pública a favor de esos desaprensivos a los fines de declarar invasor e intruso al que habita en la propiedad y luego chantajearlo para que firme un documento declarándose invasor a cambio de su libertad.
“Prácticamente secuestran a la persona que habita en el lugar, se lo llevan esposado y sin tener un abogado que lo represente la Fiscalía le presiona para que firme un documento declarándose invasor, si el ciudadano no firma la Fiscalía le solicita medida de coerción sin haber cometido ningún delito”, explicó el abogado y jurista.
Expresó que uno de los casos más recientes fue el allanamiento y secuestro, de manera ilegal, al señor Domingo Lorenzo, quien fue desalojado no obstante demostrarles a los fiscales que era un inquilino y que estaba al día en la renta de una propiedad que le pertenece Melvin Martínez Soriano, donde opera su taller de mecánica y garaje.
Manifestó que entre los señores Martínez Soriano y Evangelista Quezada Guzmán existe una litis sobre el terreno registrado que se está conociendo en el Tribunal de Tierras, pero Quezada Guzmán utilizó la mafia que opera en la Fiscalía para desalojar ilegalmente a dicho inquilino y declararse propietario.
“Hemos hecho esta denuncia ante la solicitud que nos hiciera Domingo Lorenzo, un mecánico que se gana el sustento de su familia en un taller rentado ubicado en la calle Proyecto No. 6, en las Palmas de Alma Rosa, en nuestra condición de presidente de Asonama”, refirió Vanoil de la Cruz.
Agregó que conforme a datos suministrados por Lorenzo los fiscales actuantes de acuerdo a la orden de allanamiento y arresto y solicitud de medida de coerción son los licenciados Héctor Manuel Romero Pérez, asistente del titular Milcíades Guzmán y Paula Margarín.
Resaltó que todo lo que se hizo al inquilino fue violándole el debido proceso contenido en la Constitución de la República puesto que nunca fue citado para ser escuchado.
El presidente de Asonama hace un llamado a la Procuradora General de la República, doctora Miriam Germán Brito, para que tome cartas en el asunto y la denominada “justicia independiente” no se vea empañada por casos como este y ordene una exhaustiva investigación al respeto y se castigue a los violadores de la Ley.
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