Hoy controlan rutas, puertos improvisados, barrios enteros y cárceles. Y el Estado haitiano, sin ejército funcional, sin policía suficiente y sin legitimidad política, no puede recuperar el territorio.
GINEBRA.- Naciones Unidas lo ha dicho con una crudeza que ya no admite eufemismos diplomáticos. Hasta el 11 de septiembre de este año, 5,700 personas han muerto en Haití como consecuencia directa de la violencia criminal. No es una guerra civil declarada. Es algo peor: un país tomado por mafias armadas ante la indiferencia del mundo.
El dato lo dio este viernes en Ginebra el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk. Y su diagnóstico es demoledor. Las bandas no solo han resistido las medidas internacionales, se han adaptado, se expanden, reaparecen en nuevas zonas y se rearman constantemente.
El punto de quiebre sigue siendo el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021. Desde entonces, Haití entró en una caída libre. Las pandillas desarbolaron a las fuerzas de seguridad en Puerto Príncipe y en provincias cruciales para la economía como Artibonito. El Estado se replegó. Las mafias ocuparon el vacío.
Hoy controlan rutas, puertos improvisados, barrios enteros y cárceles. Y el Estado haitiano, sin ejército funcional, sin policía suficiente y sin legitimidad política, no puede recuperar el territorio.
LA FUERZA INTERNACIONAL QUE NO ALCANZA
La llamada Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), que actúa bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, es insuficiente. Esa es la palabra que usó Turk. Insuficiente.
Las masacres de las últimas semanas lo prueban. En Gressier, ataques indiscriminados. En Kenscoff, a finales de agosto, la pandilla liderada por Johnson André, alias Izo 5 Segundos, uno de los criminales más temidos del país, asesinó a 47 personas y secuestró a medio centenar más. Una sola banda, 47 muertos en un día. Eso es el nivel de control territorial que tienen.
La GSF opera con pocos recursos, con reglas de enfrentamiento limitadas y sin una estrategia integral para sostener el terreno que recupera. Entra, repele, se va. Y la banda vuelve más armada.
El informe de Turk trae un dato que no puede quedar como nota al pie. Más de 1,000 mujeres y niñas han sido violadas en 2026 en el contexto de los ataques de las pandillas. Y la propia ONU advierte: la cifra real es mucho más alta.
La violación en Haití no es un daño colateral. Es un arma de guerra. Se usa para castigar comunidades que resisten, para cobrar peajes en los retenes ilegales, para marcar territorio. Y se da en total impunidad.
LOS NIÑOS SICARIOS
El otro dato que estremece es el de los niños. Entre el 30% y el 50% de los integrantes de las pandillas son niños, según Naciones Unidas. Algunos reclutados a la fuerza, otros que se unen porque no tienen otra forma de sobrevivir.
Son explotados, traficados, abusados. Les ponen un fusil de asalto en las manos a los 12 años y a los 14 ya son jefes de retenes. Los mecanismos de prevención y reintegración, dice Turk, siguen siendo lamentablemente inadecuados. Es decir, no existen.
Haití está fabricando su próxima generación de pandilleros ante los ojos de todos.
Y para cerrar el círculo, las cárceles. Están triplicando su capacidad máxima. Hacinamiento, violencia entre presos, violencia de los guardias, hambre, enfermedades. Solo este año, al menos 125 personas murieron estando detenidas. En esas condiciones, la cárcel no rehabilita. Radicaliza. O mata.
LA RAÍZ QUE NADIE QUIERE TOCAR
Turk lo dijo con claridad: este caos tiene raíces profundas, alimentadas por la codicia y la impunidad, dentro y fuera de Haití.
Fuera, porque el flujo de armas y municiones sigue entrando. Fusiles comprados en Estados Unidos, desviados desde República Dominicana y Jamaica, que llegan a manos de pandillas que no fabrican una sola bala. Turk pidió que el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad se respete y se aplique de forma eficaz. Hoy no se aplica. Y todo el mundo sabe por dónde entran las armas y quién cobra por dejarlas pasar.
Dentro, porque hay un puñado de poderosos, como los llamó Turk, empresarios, políticos, contrabandistas, que explotan los agravios de la gente y la debilidad del Estado para mantener el negocio de la violencia. Sin ese patrocinio económico y político, las pandillas no podrían sostener su logística.
Poner fin a la violencia en Haití no es solo mandar más policías kenianos o más blindados. Es cortar el dinero y las armas. Y es reconstruir justicia. Turk pidió reforzar el Estado de Derecho y descongestionar prisiones con condiciones humanas. Sin justicia, la GSF solo será un parche.
5,700 muertos en nueve meses. Más de 1,000 violaciones. Niños armados. 125 muertos en cárceles. Si eso no es una catástrofe que exige sanciones, embargos reales y responsabilidades penales para quienes arman a las pandillas dentro y fuera de Haití, entonces la comunidad internacional ha decidido que Haití puede morir en silencio.
