Fondos de pensiones en RD

 

Por: María Hernández

Ante la crisis económica por la que atraviesa la República Dominicana,  por la secuela que ha dejado la pandemia del COVID-19 en numerosos hogares, entre otras causas, algunos sectores recomiendan que se utilice una partida de un 30 % para entregarlo a los trabajadores posición que ha recibido el respaldo de muchos aunque algunos economistas recomiendan que no se toque ese dinero por las repercusiones que a lo interno de nuestra economía se pudieran producir.

La información la publican medios como Vanguardia del Pueblo https://vanguardiadelpueblo.do/2021/09/fondos-de-pensiones-en-rd/,  El Nuevo Diario https://elnuevodiario.com.do/fondos-de-pensiones-en-rd/ y la resalta TiempoNotiRD.

Para hacer un poco de historia, se recuerda que el Sistema Dominicano de Pensiones  se instituyó el 9 de mayo de 2001, mediante la promulgación de la Ley 87-01 con la cual se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Para la concretización de esta ley se informa que se consultó a diferentes sectores involucrados como los del área gubernamental, los empleadores y los trabajadores. Con esta ley el país se unió a muchos de Latinoamérica  que implementaron esta reforma que desde sus comienzos se pensaba tendría trascendencia tanto en lo social como en lo humano, pero que en la actualidad es cuestionada por numerosos sectores.

Con la creación de esta ley que reformó la seguridad social, en nuestro país, se ha intentado dotar a la clase trabajadora y a sus familiares de protección contra los riesgos que se presentan en la vejez, discapacidad, cesantía por la avanzada edad, sobrevivencia, la maternidad, la infancia y los riesgos laborales porque antes de que entrara en vigencia esa ley tanto la cobertura como los beneficios del seguro social que había ya no  cubrían satisfactoriamente  las necesidades de los trabajadores, reseña la Superintendencia de Pensiones en un dato sobre el origen de la entidad.

La primera AFP dominicana de la que se tiene conocimiento es la Popular y se erigió en 1998, tres años antes de la creación de la institución de pensiones.

Debe estudiarse de nuevo esta ley y modificarse en algunos considerandos y observar la posibilidad de bajar los porcentajes que se les cobra a los empleados por este concepto. También debe ser un ahorro mínimo que no afecte el salario de los trabajadores.

La economía dominicana daría un giro que se sentiría, de inmediato, en todos los ámbitos y sería una salida para las personas que se han quedado sin nada por los embates que en su entorno familiar dejó el COVID-19, que aún sigue cobrando vidas.

Todos los sectores económicos, políticos y sociales deben reunirse y llegar a un acuerdo en el que la mayoría resulte beneficiada. La seguridad social, en nuestro país, aprovecha la juventud de los trabajadores y cuando ya han entregado su vida útil tanto al área pública como a la privada les resulta difícil recuperar el dinero que, de forma obligatoria, el fisco les ha descontado.

Los impuestos, en todos los niveles, tienen que ser revisados, en el  país, porque en la mayoría de los casos dejan al consumidor asumir la carga más pesada cuando de cubrir gastos se trata.

Deben darle a las personas asalariadas la oportunidad de aprovechar los fondos de pensiones que tienen para ponerlos en garantía y que puedan acceder a préstamos de viviendas, vehículos y otros bienes  que podrían ser aprovechados por los trabajadores en estos momentos en que más los necesitan.

Será responsabilidad de los empleados lo que pueda pasar si no hacen un uso equilibrado del dinero que ya han ahorrado. Lo que tienen que  informar los que se oponen a la entrega de los fondos de pensiones es en qué se está invirtiendo ese dinero y por qué la negativa tan grande a que se entregue un porcentaje del dinero ahorrado.

De acuerdo a la mayoría de la población que se ha expresado por diferentes medios las AFPs no han cumplido con las expectativas que han prometido a la población y por el contrario se considera una de las grandes causas de muchas de las crisis sociales y económicas que ha habido en el país, en muchos años por lo que urge que se modifique de manera sustancial para que sea efectiva.

Algunos dirigentes de organizaciones políticas están de acuerdo con la entrega de los fondos de pensiones, dentro de los que se encuentra Norge Botello, del Partido Reformista, quien ha estado al frente de los grupos que propugnan por la entrega de un 30% de los fondos.

Mientras, el miembro del Comité Político y secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Guarocuya Félix  planteó, más que la entrega del 30%,  la  necesidad de cambiar el sistema de fondos de pensiones por otro que garantice el valor cuando llegue la jubilación y que se mantenga  el seguro de salud. Propugna por un sistema de pensión solidario.

Recientemente, la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones ADAFP, Kirsis Jácquez sostuvo un encuentro con una comisión especial de diputados a los que explicó la imposibilidad de entregar los fondos de pensiones porque son una forma de garantizar ingresos en la vejez y evitar que los ciudadanos caigan en la pobreza.

Lo cierto es que hay naciones como Chile que administra  los  fondos de pensiones de los trabajadores desde 1981 y que en 2016 sus ciudadanos se lanzaron a las calles a reclamar que se les devolvieran en parte los fondos y ya  han entregado el dinero en diferentes partidas, cuatro en total de a 10% cada una  y al parecer los resultados han sido fructíferos.

Independientemente de las posiciones de unos y otros la realidad es que la población dominicana está atravesando por una crisis económica, en todos los renglones, y la entrega de los fondos de pensiones sería una salida rápida a una situación de la cual no sabemos si los trabajadores quedarán con fuerzas para esperar el tiempo en que supuestamente se podrán entregar esos fondos.