Relaciones público-privadas y democracia

 

Por: María Hernández

Para los países del tercer mundo es algo positivo el hecho de que el Estado permita la participación a las empresas de capital privado para que colaboren en los proyectos, de manera conjunta, con las instituciones gubernamentales, sin embargo, expertos en el área critican el binomio y lo ven como una intromisión en la economía de los países que viven en democracia plena.

Las Alianzas Público- Privadas para el Desarrollo Sostenible son definidas como una apuesta de impulso al desarrollo de países como la República Dominicana.

La información la publican Vanguardia del Pueblo en su portal https://vanguardiadelpueblo.do/2021/09/relaciones-publico-privadas-y-democracia/ y el periódico El Nuevo Diario https://elnuevodiario.com.do/relaciones-publico-privadas-y-democracia/ y la destaca TiempoNotiRD.

En un documento de la  Comisión Económica para América Latina y el Caribe( CEPAL) de las Naciones Unidas- conocido como CEPAL Colección Documentos de Proyectos-  se destaca que "el grado y  naturaleza de la colaboración que se realiza entre el gobierno y el sector privado, la cual incide en el desarrollo de las estrategias a largo plazo y en la forma en que las mismas se implementan por medio de programas e incentivos, dentro del marco del bien público", es a lo que se denomina  Alianza público-privada, de acuerdo a la institución económica internacional.

Mientras, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define al sector privado como un aliado para el desarrollo, de manera tal, que en los últimos 20 años los servicios privados de educación se incrementaron y representaron un 40% de todos los gastos en educación en  países en desarrollo. El porcentaje de educación que ofrece el sector privado se eleva más en países pobres que en los ricos. 

Aunque en el sector educación de la República Dominicana las cifras muestran que ha disminuido la participación del sector privado en esa área, desde el 2013, cuando el gobierno comenzó a dar cumplimiento a la ley que obliga a que el Estado tenga que destinar el 4% del PIB a la educación preuniversitaria.

Asimismo, hay que destacar la importancia de  la infraestructura tanto para el  crecimiento económico como para el desarrollo. De acuerdo al Plan Nacional de Infraestructura 2020-2030 elaborado por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), a partir de los trabajos de levantamientos preparados por especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se desglosa que en el último Reporte Global de Competitividad 2018 del Foro Económico Mundial, nuestro país obtuvo un puntaje de 64,9 sobre 100, en este pilar de infraestructura con lo que se ubicó en el puesto 79 de unos 141 países, lo que nos coloca a la vanguardia dentro de la región.

Según el mismo documento de 2014-2019 el sector público invirtió un promedio de 0,5% del PIB en infraestructura, mientras que el sector privado ha invertido 0,1% de PIB en esos mismos años.

Desde hace  mucho tiempo se tiene referencia de lo que son  las relaciones público- privadas y en el pasado gobierno del presidente Danilo Medina esta unión se concretizó en una de las obras que quedarán en la historia de la construcción de la República Dominicana como uno de los proyectos más ambiciosos de participación del sector privado y el Estado : El Complejo Ciudad Juan Bosch es un proyecto con gran interés social que ejecutó el gobierno con el que se pretende reducir el déficit habitacional en nuestro país y para facilitar que muchas familias tengan acceso a su techo propio.  Posee  2,048 apartamentos que están distribuidos en 3 lotes, con un área total de 169,573,562 m² .

Hasta el  2022 el gobierno dominicano tiene contemplado invertir en el sector salud 1.7% del PIB aunque la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 recomienda que  lo ideal es 4% y en 2030 un  5% a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud recomienda invertir 6% del PIB. En cuanto a la participación del  sector privado en el área de la  salud en los países en desarrollo tanto formal como informal representa el 90%. 

Hay que tener cuidado  cuando el  Estado entra en negociación con el sector privado y debe  hacerlo con instituciones de prestigio reconocidas y que garanticen transparencia en el manejo de fondos estatales.

En la actualidad diversos sectores solicitan que se revise el contrato con la empresa Autopistas Del Nordeste constructora de la Carretera Santo Domingo- Samaná debido a los accidentes que se producen en esa vía y al elevado costo que tienen los 4 peajes que  posee la autopista en donde los usuarios de vehículos livianos tienen que hacer un pago total  de casi 2 mil pesos. Esta carretera la financió en un 80 por ciento Autopistas del Nordeste mientras el Estado puso el 20 por ciento restante.

Las alianzas entre los sectores público y privado se realizan  en nuestro país a través de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), la cual  se rige por la Ley 47-20 y es la responsable de la estructuración, promoción, supervisión, y de la regulación de los proyectos de infraestructuras, de bienes y, además, servicios que son de interés social. En las obras el sector privado puede comprometerse a pagar una parte o el total de las infraestructuras o bienes y servicios.

Dentro de los sectores económicos del Estado que trabajan  en nuestro país asociados con el sector privado están el transporte vial, marítimo y aéreo, educación, agua, agropecuario, salud, energía, vivienda, comercio internacional, turismo, telecomunicaciones, movilidad urbana, defensa nacional y seguridad ciudadana.

Grandes escándalos de corrupción se han destapado a nivel internacional en cuanto a estas uniones estratégicas público- privadas de dos grupos que parecen enlazarse pero en la realidad siempre actuarán de manera antagónica porque sus intereses difieren en mucho de los del sector público en donde se han establecido valores para medir la capacidad general de los servidores públicos a los que debe proteger diferente al sector privado que reniega cualquier compromiso con los trabajadores estatales por no responder a intereses políticos, según afirman.

El caso más reciente de problemas con estas relaciones público- privadas es el del expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma quien fue condenado a 15 meses de prisión por "desacato" después de que se negara a asistir a las citaciones judiciales en las que sería investigado por sus implicaciones en tramas de corrupción . En 2018 este presidente renunció a la presidencia de su país por presiones del Congreso Nacional Africano (ANC) luego de varios años en los cuales fue  implicado y mencionado en numerosos casos de corrupción. Bajo su gestión  los recursos estatales fueron prácticamente estrangulados por supuestos grupos del sector privado que se enclavaron en el tren gubernamental de esa nación  del Sur de África y quienes abandonaron el país después de la dimisión de Zuma quien fue sustituido por el actual presidente de esa nación, Cyril Ramaphosa.