Por: María Hernández
Los conductores de motocicletas siguen incurriendo en las mismas faltas que desde hace años se viene denunciando sin que parezcan tener miedo a las consecuencias de sus acciones violatorias a la Ley 63-17, en todas sus partes.
Esta semana observamos, a través de los medios de comunicación y redes sociales, como una persona que iba en la parte de atrás de una motocicleta se inclinó de tal forma en una de esas piruetas que hacen que el pelo le rodó por el pavimento tan cerca que se volteó hasta casi quedar enredado su pelo entre el motor y el asfalto de la vía, por suerte no pasó de ahí.
La semana pasada pudimos ver a una madre enseñarle a su hijo adolescente cómo era que se calibraba en una zona rural de nuestro país, con lo que se puede concluir que, en muchos casos, todos los miembros de la familia están involucrados en las desafiantes carreras ilegales de motores.
Cada día son decenas los accidentes de tránsito que se producen en la República Dominicana y en donde se ven involucrados los conductores de motocicletas en su mayoría.
Las autoridades de San Cristóbal, en una reciente reunión con periodistas de la localidad informaron de los esfuerzos que han realizado por evitar las carreras ilegales en algunos tramos de la autopista Seis de Noviembre, pero hay otros en los que todavía se mantienen las improvisadas carreras.
El peligro que representan las carreras de motos es que interrumpen el tránsito en horas del día o de la noche y toma imprevistos a los demás conductores y peatones que hacen uso de las infraestructuras viales.
Para los motoristas no hay giros que no puedan realizar, conducen encima de las aceras con los motores apagados por lo que los peatones no se percatan de su presencia y los toman desprevenidos para cometer hasta asaltos a la vista de todos, pero que suceden de manera tan sorpresiva que a los demás no les da tiempo a intervenir.
El miércoles 20 de agosto del 2025 el obispo de la diócesis de la provincia de la Altagracia Castro Marte denunció que los jóvenes de Higüey siguen echando carreras ante la vista indiferente de las autoridades y que en esa provincia hay más de 70 motocicletas que son conducidas por menores de edad en horas de la noche y que algunos de ellos no tienen documentos y actúan sin el control de la familia, como lo destacan medios como Diario Libre.
Ese mismo día la Policía Nacional informó que desmanteló en Azua una red que se dedicaba a organizar y a ejecutar carreras clandestinas y que arrestó al cabecilla de la organización delictiva al que le ocupó seis motocicletas que habían sido modificadas para las carreras, dinero en efectivo, piezas para la preparación de motos y una pistola.
Cuando se comience a detener a los grupos que cierran vías para realizar las carreras por encima de cualquier autoridad, como sucedió en la provincia de Azua, el pasado miércoles, los jóvenes tendrán mayor cuidado al momento de incurrir en esas carreras que los dejan con miembros mutilados y en otros casos terminan en decesos.
También en Santiago se ha detenido a varios adolescentes menores de edad y que se dedicaban a desplazarse por diferentes calles de esa ciudad en patinetas y sin ninguna documentación.
Los propietarios de estas motonetas eléctricas no investigan si los jóvenes tienen la mayoría de edad, ni si tienen licencia de conducir para alquilar la moto solo tiene que contar con 250 pesos para tener la suya. De acuerdo a las autoridades unas 56 motonetas eléctricas fueron incautadas el pasado martes en Santiago, como lo publican medios como El Constituyente.
La prevención de los accidentes de tránsito le sale más económica al Estado y a los familiares, aunque esta acción no se está poniendo en práctica en todo el territorio nacional y en lo único que se piensa, desde la Dirección General de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), es en la forma de fiscalizar estos tipos de medios de desplazamiento que, en muchos casos, son conducidos por jóvenes que no tienen sus documentos completos y cuando salen a transitar se exponen a que las autoridades los multen y les retengan sus medios de transporte, como denuncian los comunitarios a través de medios de comunicación y redes sociales.
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