Guerra contra la delincuencia

 Por: María Hernández

En los últimos meses se ha intensificado la persecución de supuestos delincuentes a los que, en muchos casos,  se les pasa justicia en las calles,  sin que la ciudadanía pueda saber si en realidad ese imputado era culpable o inocente porque lo enmudecieron para siempre antes de intentar demostrar los hechos de los cuales se les acusaba.

En la actualidad, se está tras la pista de un supuesto malhechor al que se le acusa de todo y al cual,  como a otros solo se le conoce por su nombre de calle y no por su nombre de pila: Kiko la Quema, sobre el cual hasta una de sus hermanas  ya ha dicho públicamente que lo detengan y lo desaparezcan que ella lo entierra.

Otro ciudadano al que se relaciona con el fugitivo ya se ha entregado a las autoridades. 

Se creía que la forma de operar de la Policía Nacional cambiaría con un cambio de dirección,  pero se está viendo más de lo mismo y con mayor agresividad, según denuncian los ciudadanos a través de las redes sociales y medios de comunicación.

Mientras, el Defensor del Pueblo y el presidente del Comité de los Derechos Humanos, dentro de otras autoridades de prestigio moral  deberían intervenir cada vez que se producen situaciones de esta naturaleza para que se le garantice el derecho a vivir a esos seres humanos que se han desviado de todo tipo de norma en la sociedad.

La Policía Nacional debe especializar y capacitar a sus miembros para que utilicen las técnicas para atrapar a los que delinquen y, en el último caso, las armas si su vida es puesta en peligro. 

Los métodos que se están utilizando, en nuestro país, para atrapar a  delincuentes vulneran los derechos de otros ciudadanos que quizás viven cerca del acusado,  pero que nada tienen que ver con los que viven a pocas cuadras de ellos, como se ha denunciado en los últimos días por diferentes vías.

La captura de un delincuente debe hacerse sin aparataje, que lo que hace es alejar a los malhechores. 

Debe utilizarse el servicio secreto para solo enviar a los uniformados cuando ya se tiene la certeza de dónde está ubicado el acusado.

De esa manera se lleva tranquilidad a los sectores que en estos momentos están siendo asediados con operativos contra la delincuencia que han llevado a instituciones como el Ministerio de Educación a cerrar la docencia en el sector en donde se dice podría estar escondido el buscado ciudadano que según sus acusadores se alejó de las normas que rigen la justicia en nuestro país.

Se recuerda que en el 2008, un tribunal de San Cristóbal exoneró a Kiko la Quema  de homicidio agravado y también lo sancionó en ese momento solamente por ley de armas, como lo resalta el periódico Diario Libre, en un reciente escrito.

El jueves 7 de diciembre de este 2023, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos(CDDH) alertó sobre un supuesto interés de sectores de la actual y anteriores gestiones de gobierno en que Kiko la Quema "sea ejecutado debido a sus compromisos con el microtráfico de San Cristóbal", como lo describe en una publicación el periódico Hoy.

Una práctica que se creía superada es que a muchos familiares de Kiko la Quema los han detenido, aunque ya se informa la puesta en libertad de la mayoría.

Este viernes,  las autoridades de la Dirección Regional de la Policía Nacional de la provincia de San Cristóbal dieron a conocer la información de que dejaron en libertad a un joven identificado como Bocú y a quien asociaban a la supuesta banda de Kiko la Quema. 

También, este viernes, se realizó por tercera ocasión la audiencia de solicitud de medida de coerción contra otros tres de los implicados en la supuesta banda. La cual fue aplazada para el martes 12, a las 9:00 de la mañana, destacan medios como Diario Libre.

Hasta el momento, no se tiene información del paradero de Kiko el más buscado de los acusados desde los tiempos de Quirinito que todavía no aparece por ninguna parte ni vivo ni muerto.

Para tranquilidad de la ciudadanía, se espera que a ese individuo se le detenga para que pague en la justicia las penas que se les imputan, como lo establece el Código Penal Dominicano y que se entregue a través de una autoridad moral competente que le garantice ante las autoridades su integridad física para que no tiña de rojo las calles como otros casos aún no muy esclarecidos relacionados con este tipo de acusados.