El Comité Especial de abogados concluyó por unanimidad la
posible comisión de cinco delitos en relación al chat de Telegram
El informe comisionado por el presidente de la Cámara de
Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para determinar si existen las bases
jurídicas para un juicio político contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, concluyó que se cometieron cinco delitos en relación al chat de Telegram encabezado
por el primer ejecutivo y recomendó el residenciamiento.
La información la publican medios como El Nuevo Día y la
destaca TiempoNotiRD.
La conclusión fue unánime, confirmó a El Nuevo Día el licenciado Luis
E. Rodríguez-Rivera, uno de los tres juristas que compone el comité especial a
cargo del análisis.
Del total de delitos, cuatro son
de carácter grave y uno de carácter menos grave, que implica depravación,
confirmó el licenciado.
Asimismo, se confirmó que tres de los
delitos son del Código Penal y dos de la Ley de Ética Gubernamental.
El comité de juristas -anunciado por Méndez el 19 de julio- está
compuesto, además, por los abogados Francisco Reyes y Enrique Colón
Santana. Los abogados tenían un máximo de 10 días calendario, o hasta el 29 de
julio, para rendir un informe detallado con conclusiones a base de derecho.
El informe, que fue entregado por
Colón Santana a Méndez a eso de las 12:10 p.m., concluye que Rosselló pudo
haber incurrido en malversación de fondos públicos, además de ver sido
negligente en el cumplimiento del deber y haber cometido aprovechamiento
ilícito de trabajos o servicios públicos.
El licenciado Colón Santana dijo esta
tarde que se trató de un análisis “complicadísimo” y confirmó que la
recomendación de residenciamiento fue unánime.
“Con la evidencia que examinamos concluimos que, efectivamente,
nuestra recomendación al cuerpo que le corresponde es que se proceda con el
juicio de gobierno, que es la presentación de un documento de acusación para
que continúen los procedimientos en la cámara que corresponde, que es el
Senado”, dijo Colón Santana a la prensa, quien no precisó los delitos.
Sí hizo la distinción entre el procedo de residenciamiento, que
no conlleva “una valoración penal”, sino los elementos de un posible delito.
“El que la Cámara determine o el Senado que no haya base para un juicio
político, sencillamente cualquier persona puede ser sujeta a las acusaciones”.
Específicamente, la función del Comité era evaluar todo el
contenido publicado del chat de
Telegram y estudiar si existe
prueba de que hubo comisión de delito por parte del gobernador Rosselló Nevares
en dichas conversaciones.
La Cámara de Representantes está, al menos, a siete
votos de contar con el apoyo que necesita para iniciar un juicio político en
contra del gobernador, según un sondeo realizado por este medio.
En total, 27 representantes indicaron
a este diario que votarían a favor de dar paso al residenciamiento al
mandatario. En total, se
necesitaría el voto de 34 miembros de la Cámara baja para comenzar un proceso
para destituir al primer ejecutivo.
No obstante, ocho de estos
legisladores -todos del Partido Nuevo Progresista (PNP)- hicieron la salvedad
de que su aval al residenciamiento dependería del informe comisionado por el
presidente cameral.
El pasado 13 de julio se conoció parte del contenido de un
polémico chat encabezado por el gobernador y 11 de sus colaboradores más
íntimos en el que se discutían asuntos de política pública y partidistas, y en
el que se ordenaba dañar la reputación y perseguir a políticos de la oposición,
así como a funcionarios federales.
En las 889 páginas abundaban también las burlas e insultos
machistas y homofóbicos, y comentarios insensibles y mofas sobre la muerte de
figuras como Carlos Gallisá y Marta Font, al igual que sobre la crisis del
manejo de cuerpos en Ciencias Forenses.
El chat está compuesto por 12 hombres. Además de Rosselló, están
los asesores en comunicaciones del gobernador, Carlos Bermúdez y Rafael Cerame;
su exasesor legal, Alfonso Orona; el director ejecutivo de la Autoridad de
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; el publicista
y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda, el secretario de la gobernación,
Ricardo Llerandi, el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón
Rosario; el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín; el secretario de
Hacienda, Raúl Maldonado; el exdirector de campaña del gobernador y
exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez
Sifonte; y el actual secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony
Maceira.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario