Posición de PC sobre el estudio de abstención electoral

La JCE y el Tribunal Superior Electoral cuentan con los medios legales y materiales, así como con el apoyo y la confianza necesarios para lograr avances sustanciales en este proceso. Si no lo hacen van a perder parte de la legitimidad ganada. Aspectos logísticos y procedimentales que también registra el estudio deben ser atendidos, en función de su efectividad y costo razonable, aunque está claro que los mismos no garantizan una mayor participación.

 Participación Ciudadana ha recibido con satisfacción la publicación del estudio “La Abstención Electoral en República Dominicana”, presentado recientemente por CAPEL, por encargo de la Junta Central Electoral. Este tema fue uno de los principales puntos que destacamos en nuestro informe final de observación de las elecciones del 2024. En el acápite 3.11 de dicho informe, publicado en julio de ese año consignamos: “recomendamos a la JCE auspiciar un estudio profundo de las razones de abstención para, de esa manera, poder contribuir a resolver los escollos y desarrollar campañas de motivación bien enfocadas.”

Los aspectos y recomendaciones más destacados del estudio confirman lo que ya todo el país sabe y lo que recogen los informes de observación, tanto de nuestra organización como de invitados externos: ha crecido la cantidad de ciudadanos que no se identifican con los candidatos y sus programas, que critican su comportamiento ético, que han perdido el entusiasmo y la fe en la importancia del voto, así como la confianza en que éste se va a reflejar en sus condiciones de vida. Además, el estudio muestra de manera muy clara que la mayoría de la población dominicana, contrario a lo que creen y repiten muchos dirigentes esta hastiada de lo mismo, rechaza el clientelismo, las falsas ofertas y ya no le divierte tanto el desorden, el ruido, la extensión en el tiempo y la superficialidad de las campañas.

Participación Ciudadana entiende que todavía estamos a tiempo de hacer cambios que pudieran reflejarse en una mayor participación en las elecciones del 2028 y en el fortalecimiento de la democracia. Corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas contribuir en los aspectos fundamentales que recoge el estudio, de los cuales queremos destacar los que exponemos a continuación.

La Junta Central Electoral debe asumir la mayor responsabilidad en los cambios que reclama la población. Aunque los políticos y sus organizaciones son los receptores principales del rechazo popular, las leyes electorales prevén, regulan y sancionan todas las conductas que la población señala como disuasivas de la participación activa, la confianza y el avance electoral. Corresponde a ese organismo rector hacer cumplir las mismas de manera firme, sobre todo mediante el convencimiento y la aplicación de consecuencias, lo cual estamos seguros de que contará con un amplio respaldo público. Las amenazas de otro proceso electoral en violación de los plazos y repitiendo los mismos vicios que tanto rechazo producen, están a la vista desde el año pasado y en estos momentos abundan indicadores de que se volverá a desafiar a las leyes y las autoridades.

La JCE y el Tribunal Superior Electoral cuentan con los medios legales y materiales, así como con el apoyo y la confianza necesarios para lograr avances sustanciales en este proceso. Si no lo hacen van a perder parte de la legitimidad ganada. Aspectos logísticos y procedimentales que también registra el estudio deben ser atendidos, en función de su efectividad y costo razonable, aunque está claro que los mismos no garantizan una mayor participación.