La fundación institucional y Justicia advirtió que trasladar el recurso sobre el reglamento de encuestas de la Junta Central Electoral fuera de la jurisdicción especializada debilita el esquema previsto en la Constitución para los litigios electorales
La reciente decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de declararse incompetente para analizar el recurso contra la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE) ha generado cuestionamientos sobre los límites de la justicia electoral y el rol del Tribunal Constitucional. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) sostiene que lo que está en juego no es solo la validez de una norma administrativa, sino el modelo institucional previsto en la Constitución.
La controversia se centra en un reglamento de la JCE aprobado el 22 de mayo, que regula el registro de firmas encuestadoras y restringe la publicación de encuestas fuera de los plazos previstos por la ley. La entidad Justicia Sin Fronteras impugnó el artículo 13 del reglamento y solicitó su nulidad, al considerar que limita derechos.
El TSE, según informó Diario Libre, optó la semana pasada por remitir el caso al Tribunal Constitucional, al interpretar que se trataba de una acción de control concentrado de constitucionalidad. Para Finjus, esta decisión debilita la vía legal diseñada para resolver disputas electorales, pues traslada la competencia sobre estos conflictos fuera de la jurisdicción especializada.
En el comunicado difundido por la fundación, se argumenta que el TSE fue creado como órgano especializado para resolver litigios contencioso-electorales, y que su función se vacía de contenido si remite cada impugnación de reglamentos por supuesta contradicción constitucional al Tribunal Constitucional.
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