Dominicanos en Nueva York se
muestran preocupados debido a que el consulado norteamericano en la República
Dominicana no está ofreciendo actualmente citas para depositar peticiones de
familiares inmediatos de ciudadanos de los Estados Unidos en la oficina local
de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La información la publican medios
como El Nacional, El Nuevo Diario y la destaca
TiempoNotiRD.
Tampoco hay citas para visas de inmigrantes en el sistema, situaciones
denunciadas por la especialista en temas de migración Karina Pérez Rojas y que
publicara el pasado lunes en uno de los periódicos dominicanos de más
influencia y lectura masiva por internet.
La desorientación y preocupación entre los criollos en la Gran Manzana
es mayor porque la sede consular no informa las razones ni da una explicación
en la hoja oficial del Consulado, ni en la hoja del contratista, ni ponen notas
en el perfil que no sean para indicar que simplemente no hay, precisa Pérez
Rojas.
Los quisqueyanos, mediante un documento de prensa, solicitando total
reserva de sus identidades por temor a represalia en contra de gentes suyas que
se encuentran en “papeleos”, sostienen que dichas acciones pueden estar
relacionadas con la última medida adoptada por el Departamento de Seguridad
Nacional (DHS), la cual entrará en vigor el próximo 15 de octubre.
La misma establecerá nuevas definiciones de “carga pública y beneficios
públicos”, los cuales serán considerados por oficiales migratorios para
evaluar cualquier petición de cambio de estatus u otras visas.
Asimismo, para aquellos que buscan migrar a los EE.UU deberán demostrar
que pueden mantenerse económicamente, en clara dirección de frenar la
inmigración hacia el territorio estadounidense, precisan los quisqueyanos.
Por primera vez en la historia del país, el Gobierno aplicará una
estricta prueba de “carga pública” a los solicitantes de residencia permanente
basados en la familia. Ni siquiera las personas que ganan el 250% del nivel de
pobreza ($64,000 al año para una familia de cuatro) son inmunes a que se les
nieguen sus solicitudes de tarjeta verde.
El DHS especifica que los oficiales migratorios evaluarán las
solicitudes de beneficios y determinarán si una persona podría convertirse en
una carga pública, dependiendo su historial económico y su condición médica.
La Encuesta de Ingresos y Participación en el Programa de la
Oficina del Censo de los EE.UU, sostiene que aproximadamente 4.6 millones
de no ciudadanos, que representan el 23% de todos los no ciudadanos, reciben
ayudas sociales.
En la Gran Manzana se estima que más de 250 mil personas podrían
verse afectadas, según estimaciones de activistas, grupos pro inmigrantes y las
mismas autoridades municipales. Decenas de miles de dominicanos en el
territorio estadounidense se benefician de las diferentes ayudas que ofrece el
gobierno.
Los programas de carga pública que afectarán son: SNAP, bajo las
condiciones referidas; Medicaid en casi todos sus casos; Asistencia de Vivienda
bajo el Voucher de Elección de Vivienda (HCV); Asistencia de alquiler basada en
proyectos; y otras formas de vivienda subsidiada y SSI, TANF, asistencia
general; entre otros.
A quiénes no afectarán?: a mujeres embarazadas o con hasta 60 días
después de dar a luz; menores de 21 años que reciben seguro médico; personas
con discapacidad; víctimas del crimen o violencia doméstica; programa de asilo
y a refugiados.
Los programas excluidos serán: CHIP no es un beneficio público a
castigar; la recepción del EITC y el impuesto sobre menores Crédito (CTC);
Medicaid de emergencia; D-SNAP para recibir alimento durante desastres; SSDI
que es para personas con discapacidad; y ayudas durante emergencias,
como TEFAP.
Asimismo, Head Star que es una ayuda de alimentación para campesinos;
programas estatales de ayuda no monetizables para grupos tribales; NSLP que es
apoyo para desayuno y/o lunch escolar; y WIC, el programa de nutrición especial
para madres y niños.
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