Por María Hernández
Los conductores acogieron con mucha confianza la reestructuración que se hizo a la ley No. 241 que había sido promulgada en 1967 por la nueva Ley 63-17 que creó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para coordinar a todos los sectores relacionados con el desplazamiento vial. Esta ley tiene por objeto regular y supervisar la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana así como establecer las instituciones responsables de planificar y ejecutar dichas actividades y las normativas para tal efecto.
Sin embargo, recientemente, el gobierno nombró a Hugo Beras, mediante el decreto 26-22, como director ejecutivo del Gabinete de Transporte quien también es el actual secretario de la alcaldía del Distrito Nacional, lo que supone una doble función, con unas atribuciones que parecen estar por encima de las del Intrant y de ser así violaría la Constitución y la ley que creó el Intrant, de acuerdo a los expertos y que, según datos de su portal, incluye puntos como son la seguridad vial, movilidad urbana y accesibilidad, desarrollo humano, desarrollo urbano, competencia desleal, competitividad, sistema integral de tránsito y transporte terrestre, sostenibilidad ambiental, compromiso social y otros.
La información la publica Vanguardia del Pueblo en su portal https://vanguardiadelpueblo.do/2022/02/nuevas-regulaciones-para-el-transito/ y la destaca TiempoNotiRD.
Este Gabinete de Transporte es coordinado por el Ministerio de la Presidencia, creado con el objetivo de fijar las orientaciones, programas y acciones que sean necesarias para el diseño del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, así como la coordinación de su implementación. Está compuesto por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant),la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Oficina de reordenamiento del Transporte (Opret) y la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Todas esas instituciones estaban coordinadas a través del Intrant antes del nuevo decreto.
Los expertos tienen posiciones encontradas acerca de la creación de este Gabinete para coordinar diferentes áreas del transporte. Por ejemplo, en declaraciones reseñadas en el periódico Hoy, el diputado Rafael Tobías Crespo, el principal artífice de la ley 63-17, pasado director de Tránsito Terrestre, aseguró que esta nueva estructura del tránsito creada por el gobierno le quita competencia a Obras Públicas, al Intrant, a la OMSA y a la Opret y que el Ministerio de la Presidencia, bajo el cual funcionará el Gabinete de Transporte, es un coordinador y no puede ser también un ejecutor por lo que Obras Públicas es el encargado de todo lo que es infraestructura.
Si bien es cierto que en el tránsito es mucho lo que falta por desarrollar para mejorar un problema que causa la mayor cantidad de muertes a nivel local y mundial se debe tener en cuenta que no se puede suprimir la función de una institución para sustituirla por otra que hasta el momento se ha manejado con transparencia y que lo que le falta es que se cumplan cada uno de los artículos bien concebidos que la misma posee y que no chocan con ninguna ley o mandato, al respecto.
Esta ley del INTRANT recoge aspectos que tienen que ver con el día a día de los hechos que se producen en nuestras vías y que de cumplirse podrían reducir, considerablemente, los accidentes de tránsito que diariamente dejan decesos y lesionados en las vías de nuestro país, con cifras tan alarmantes que sobrepasan a los fallecidos por el Covid-19, desde el inicio de la pandemia, hasta los últimos días.
El Estado debe revisar ese decreto y tomar en cuenta las consideraciones de los expertos en el área para que no se mutile el único esfuerzo que le llevó años en lograrlo a las instituciones y sectores que se vieron involucrados en la actualización de la ley 241 que hoy es 63-17, y que todavía tiene algunos puntos que corregir como las frágiles penas que les ponen a los conductores en accidentes en los que las víctimas fallecen y las penalidades a los choferes pasan como simples infracciones.
El gobierno tiene el deber de concentrarse en desarrollar planes que eliminen los taponamientos, que siguen siendo un gran dolor de cabeza para conductores y usuarios de diferentes tipos de transporte que pierden tiempo y dinero mientras están detenidos en diferentes vías del Distrito Nacional y otras provincias del interior del país.
Los hoyos en las vías y las malas condiciones de muchos puentes, que son reseñadas a través de los medios de comunicación y las redes sociales, son un termómetro de la situación real por la que atraviesan diferentes infraestructuras viales. Hemos observado cómo los estudiantes tienen que enlodarse los pies para intentar llegar a las escuelas por caminos que se encuentran en pésimas condiciones sin que se vislumbre una solución a corto tiempo por parte del Ministerio de Obras Públicas.
El pasado año niñas residentes en el municipio de la Caleta, en Boca Chica, hicieron un llamado a las autoridades para que les arreglaran las calles para ir y regresar de la escuela sin que se les ensucien los zapatos. Lo mismo hicieron en este mes de febrero estudiantes de Manoguayabo que tienen que ir a las escuelas con los zapatos en las manos, por el lodo que se produce cuando llueve en la principal calle que conduce a su liceo.
Además, otro inconveniente que molesta a los conductores y que ha llegado incluso a dejar pérdidas humanas son los jóvenes en motores que desafían a las autoridades en diferentes calles, avenidas, autopistas y carreteras sin que de alguna manera las autoridades pongan fin a la peligrosa práctica de echar carreras, por dinero, en esas vías a toda hora del día o de la noche, como han denunciado residentes en las autopistas Duarte, Las Américas y 6 de Noviembre, por solo citar algunas. Este martes (22-2-2022) los motoristas cerraron un tramo de la autopista Duarte y provocaron un gran tapón en esa importante vía que conecta a la capital con el Cibao, en el norte del país.
No importa cuantas estructuras nuevas del transporte se creen si la prioridad principal, que son los ciudadanos, no son tomados en consideración. El Estado tiene que enfocarse en políticas públicas que beneficien a la colectividad usuaria de los servicios masivos de transporte que en los últimos meses han visto disminuir, al máximo, los autobuses públicos en numerosas vías para cederle, de manera complaciente, las rutas a los inversionistas del transporte del sector privado.
