Censura a periodistas en RD

 

Por: María Hernández

Hace unos días quedé consternada cuando unos colegas de diferentes programas narraron a través de medios digitales y redes sociales lo que está pasando en algunos medios de comunicación de nuestro país, a la vista de todos, por miedo a hacer la denuncia debido a las represalias que pueda conllevar su declaración. 

Se observa, desde hace tiempo, cómo en algunos canales de televisión se manda a callar a los presentadores a la vista del público y, en muchos casos, hasta los han cancelado por recibir una llamada mientras están en los programas de televisión o de radio sin saber el motivo de esa llamada que puede ser de emergencia desde su hogar. 

Otros medios se dan a la tarea de dejar de pagar hasta quincenas completas y los comunicadores no denuncian la situación a las instituciones   correspondientes como son el Colegio Dominicano de Periodistas, Ministerio de Trabajo, Procuraduría General de la República, Defensor del Pueblo, Comité de los Derechos Humanos, entre otras, por temor a cancelaciones.

Respecto a los comunicadores el caso se puede llevar hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), si es que en nuestro país no se le resuelve el problema. 

Lo que más indigna es cuando la acción de censura hacia el periodista la ejerce otro comunicador que debería velar por los derechos de sus colegas ante los empresarios que, en nuestro país, se han adueñado de muchos medios de comunicación, canales y emisoras, entre otros. 

El tema no tiene que ver con lo que es la censura previa que, de acuerdo a los expertos es el proceso mediante el cual una persona o grupo de personas selecciona qué información se debe permitir y qué contenido o información se debe prohibir, como lo describe el portal mundo juridico.net.

Sin embargo, con casos aparentemente tan sencillos como el que se denuncia lo que se busca es intimidar a los periodistas para que no hablen ante cualquier desconsideración que se le haga a uno de los suyos.

Y eso que aún la ley 1-24 del DNI no se ha puesto en ejecución. Imagínese el terror que se impondrá en todos los medios en los que la libertad del pensamiento tiene hoy cabida, como lo contempla la Constitución Soberana de la República Dominicana en varios de sus artículos.