Panamá- Hay
«niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían
abortos», aseguró este lunes la diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la
Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea
Nacional, que investiga un caso de abuso sistemático durante años de decenas de
menores en albergues dependientes del Estado.
La información la publica
la agencia de noticias EFE, Noticias SIN y la resalta TiempoNotiRD.
Rodríguez, del
gubernamental Partido Revolucionario Democrático, también aseguró que los
abusos, físicos y mentales, los cometían los «internos» o personal a cargo de
quién estaban los niños y niñas en al menos 14 albergues investigados.
Esta es la primera vez desde que se destapó en las últimas semanas
este escándalo que una autoridad apunta, aunque sea vagamente, a alguien como
responsable de los vejámenes a que los niños eran sometidos y concreta algo más
de qué se trataban.
Ante una ostensible indignación popular, la pasada semana, el
presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, se vio obligado a transmitir un
mensaje a la nación por televisión en el que se comprometió a encontrar y
castigar a los culpables de estos abusos, sin dar detalles de qué acciones ha
tomado su Gobierno ni en qué dirección.
Varios menores de edad fueron abusados sexualmente por «internos»
desde 2015 en al menos 14 albergues en Panamá, y niñas denunciaron haber
quedado embarazadas de religiosos que regentaban los hogares, dijo Rodríguez.
«Los abusos los cometían los mismos internos», e incluso existe un
caso de un menor de edad que «fue abusado reiteradamente durante cinco años,
desde los 10 a los 15», afirmó la diputada, frecuentemente en poca armonía con
el sector gubernamental de su partido.
También hay «niñas que denuncian que religiosos les dejaban
embarazadas y se cometían abortos», aseguró Rodríguez, frecuentemente en poca
armonía con el sector gubernamental de su partido.
Una subcomisión parlamentaria reveló un informe que detalla que
decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y
psicológicamente en albergues de todo el país, instituciones que administran
organismos privados como varias ONG y fundaciones, pero que están bajo la supervisión
del Estado, que les otorga además fondos públicos.
De acuerdo con la investigación parlamentaria, se hallaron
albergues sin el permiso de operación reglamentario, sin personal cualificado,
con «condiciones infrahumanas» de vida, y que muchas de las víctimas de los
abusos son menores con alguna discapacidad.
La Fiscalía General, donde Rodríguez y otras diputadas presentaron
el informe parlamentario la semana pasada, ha dicho que tiene abiertas 8
investigaciones por irregularidades en albergues, algunas de hasta dos años, y
que hay imputados, aunque se desconocen los detalles de estos casos.
Por este escándalo está en el ojo del huracán la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), que entre sus funciones
está supervisar instituciones de protección o albergues y en que en su junta
directiva cuenta con las carteras de Desarrollo Social (Mides), Salud,
Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.
El caso ha generado gran indignación en Panamá, donde este lunes
continuaron las protestas en rechazo a los abusos contra los menores y también
a la reacción del Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, tildada de tardía
e insustancial por activistas de derechos humanos y también políticos de
oposición.
Más de 200 manifestantes protestaron ante la sede del Ministerio
del Trabajo, obstruyendo parcialmente una importante arteria vial y exigiendo
justicia para los niños víctimas y cárcel para los responsables de los abusos.
«Llevamos tres semanas en las calles y no hay una respuesta
certera por parte del Gobierno. Hemos visto como han tratado de ocultar
información y a personas involucradas (…) como juventud nos sentimos
indignados, tristes, rabia e impotencia», dijo Dional Sañazar, militante de la
organización Juventud Revolucionaria (JR).
El miércoles pasado, una semana después de destapado el escándalo,
Cortizo pidió castigo con el «máximo rigor de la ley para los responsables de
los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, los niños y
adolescentes», defendió que el Senniaf y el Mides presentaron al menos una
denuncia en el 2020 y pidió a ambas instituciones constituirse como
querellantes en el proceso judicial.
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